La Junta Central Electoral oficializó una nueva distribución de diputados a nivel nacional mediante resolución, ajustando la representación congresual conforme al crecimiento poblacional de las provincias. Esta decisión se fundamenta en criterios establecidos por la Constitución, que garantizan un mínimo de dos diputados por demarcación, mientras el resto de los escaños se asigna según la densidad poblacional reflejada en los datos estadísticos disponibles. El proceso forma parte de los preparativos institucionales con miras a los próximos comicios.
Entre los cambios más relevantes, la provincia Santo Domingo incrementará su representación con siete nuevos diputados, consolidándose como la demarcación con mayor crecimiento político-electoral. Asimismo, La Altagracia sumará un escaño adicional, impulsada por su desarrollo demográfico y turístico. En contraste, provincias como Barahona, San Cristóbal y Monte Plata perderán un diputado cada una, reflejando una disminución relativa en su población o desplazamientos internos hacia zonas más urbanizadas.
Especialistas señalan que esta redistribución responde a dinámicas migratorias internas y al crecimiento económico focalizado en determinadas regiones del país. La medida también incide en la planificación presupuestaria y en la organización del sistema electoral. Mientras tanto, la Junta continúa avanzando en el montaje de las elecciones, independientemente de los retrasos en la aprobación de reformas legales pendientes, reafirmando su rol en garantizar la operatividad del proceso democrático nacional.