Sigue en desarrollo la maratónica audiencia de apelación en torno a las medidas de coerción impuestas a los imputados del caso Senasa, un presunto desfalco de 15,000 millones de pesos al Seguro Nacional de Salud. La corte conocerá si mantiene o revoca la prisión preventiva dictada en diciembre pasado.
La diligencia, que ha ocupado gran parte de la jornada, se celebra en el edificio del Registro Inmobiliario, sede temporal de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde los magistrados evalúan los recursos interpuestos por siete de los diez imputados que buscan variación de la medida.
Posturas enfrentadas: defensa vs. Ministerio Público
En representación del Ministerio Público, Wilson Camacho, director de persecución de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó al tribunal que se rechacen los planteamientos de la defensa y que se mantenga la prisión preventiva en la cárcel de Las Parras, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que representaría modificar la medida.
Por su parte, los abogados defensores expusieron distintos argumentos para justificar la variación. Entre ellos, Miguel Valerio, abogado del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, resaltó que su cliente padece esclerosis múltiple y ha perdido más de 70 libras desde su ingreso a prisión, por lo que solicitó una revisión de la medida por motivos de salud.
Otros defensores, como Carlos Balcácer, sostuvieron que no existe peligro de fuga y recordaron que el arraigo de los imputados no está en discusión, tal como lo estableció la sentencia original, por lo que no consideran necesario que permanezcan en prisión preventiva.
Debate por arresto domiciliario de colaboradores
La audiencia también se vio marcada por la controversia generada por tres imputados que, tras colaborar con la fiscalía, cumplen actualmente arresto domiciliario: Heidi Marela Pineda, Cindy Acosta y Eduardo Rit Estrella.
Desde la parte querellante, el abogado Miguel Surún Hernández criticó duramente el beneficio, calificándolo como un “premio” injustificado, especialmente considerando que estas personas habrían tenido acceso a fondos millonarios presuntamente desviados. “No hay forma de justificar que quienes recibieron millones estén en sus casas mientras otros permanecen tras las rejas”, afirmó.
Surún también denunció presunta presión política y económica sobre el proceso, y mencionó que el juez que dictó la medida original, Rigoberto Sena, ha recibido amonestaciones por su decisión, lo cual —aseguró— pone en entredicho la independencia judicial.
La audiencia se mantiene en curso, con expectativas de que los jueces emitan una decisión sobre las solicitudes de variación de las medidas en las próximas horas.
