Una joven colombiana, Juliana Andrea Aguirre Acevedo, fue brutalmente asesinada y descuartizada en Santiago de Chile por su pareja, Edwin Mauricio Valdez. El caso estremeció a la región tras conocerse que los restos de Juliana comenzaron a aparecer el pasado domingo en el río Mapocho, donde brazos y piernas fueron hallados atascados en una compuerta. Las autoridades chilenas publicaron imágenes de tatuajes y detalles de sus uñas, lo que permitió que una manicurista y sus compañeros de trabajo la identificaran. Un tatuaje con el nombre de su sobrino fue clave para que su familia en Colombia confirmara la identidad.
La autopsia confirmó lo más macabro: Valdez, quien trabajó en la funeraria de su padre, confesó haber estrangulado a Juliana y luego desmembrado su cuerpo con un cuchillo de cocina. Según las autoridades, la relación entre ambos era violenta, aunque fue el feminicida quien ejecutó el crimen. La ley chilena establece una pena mínima de 15 años y un día por homicidio calificado, y podría enfrentar la máxima condena. Las investigaciones avanzan con cooperación binacional entre Colombia y Chile para garantizar justicia.
En medio del dolor, la familia de Juliana aguarda apoyo gubernamental para trasladar el cuerpo a Colombia y asistir al juicio. Han solicitado asistencia urgente a la Cancillería colombiana, ya que no cuentan con recursos para cubrir el proceso. La historia, que comenzó como un viaje migratorio en pareja en noviembre de 2015, terminó en tragedia. Este crimen, considerado uno de los más estremecedores ocurridos en Chile recientemente, ha vuelto a encender las alarmas sobre la violencia de género y la necesidad de protección a mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad.