Altagracia Salazar criticó con dureza la ineficiencia de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), al asegurar que “no hay manera de que vendan, compren, cobren y garanticen servicio” en el país. Durante su espacio Sin Maquillaje, Salazar lamentó que, en lo que va de año, las distribuidoras hayan generado pérdidas equivalentes al 41.7 % de la energía comprada, lo que ha costado al Estado dominicano más de 42,000 millones de pesos en subsidios.
De acuerdo con las cifras citadas, hasta mayo las EDES adquirieron 7,895 gigavatios de energía, de los cuales el 38.3 % nunca se facturó y un 3.4 % fue facturado pero no cobrado. Este panorama evidencia lo que calificó como un “manga por hombro gerencial” que continúa siendo financiado con dinero de los contribuyentes, recursos que según advirtió podrían destinarse a escuelas, hospitales o proyectos de desarrollo, y no a sostener “el barril sin fondo de la ineficiencia eléctrica”.
Salazar recordó que la privatización de las antiguas empresas públicas del sector eléctrico en 1997 se justificó bajo el argumento de pérdidas que ascendían a 600 millones de pesos anuales, sin embargo, casi tres décadas después, el déficit del sector asciende a niveles históricos, con más de 81,000 millones presupuestados en subsidios solo para este año.
La comunicadora subrayó que mientras las EDES acumulan déficits insostenibles, compañías privadas como CEPM en la región Este reportan pérdidas por debajo del 4 %, demostrando que la ineficiencia no es un problema técnico sino de gestión. “El sistema está hecho para que el Estado pierda”, insistió, al explicar que los grandes consumidores negocian directamente con las generadoras, dejando a las distribuidoras estatales con los clientes de menor capacidad de pago.
Finalmente, advirtió que el incumplimiento del Pacto Eléctrico, firmado en 2021, ha profundizado la crisis en lugar de reducir el déficit, y señaló al propio Gobierno como el principal responsable de no aplicar las medidas necesarias. “Aquí hay un problema sistémico y político que impide que las empresas distribuidoras sean eficientes, y mientras tanto, el pueblo sigue pagando la factura”, concluyó.
