El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra nueve personas acusadas de integrar una presunta red dedicada a cometer fraudes electrónicos en perjuicio de una institución financiera, con pérdidas que superarían los 200 millones de pesos.
La decisión fue adoptada por el magistrado Rigoberto Sena, quien acogió un pedimento de los abogados de la defensa para disponer de más tiempo y recopilar documentos de arraigo que permitan demostrar que los imputados no intentarán sustraerse del proceso judicial.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que durante la próxima audiencia solicitarán la fusión del expediente correspondiente a los últimos detenidos con el proceso que ya involucra a otros seis imputados.
“La audiencia en el día de hoy se acaba de suspender para el miércoles 20, a petición de las defensas, para continuar buscando presupuestos de sus defendidos”, expresó Tavárez Gil a la salida de la sala de audiencias.
Uno de los abogados defensores indicó que necesitan más tiempo para estructurar una defensa técnica adecuada y adelantó que solicitarán el desglose procesal del expediente para profundizar en los detalles de la investigación. El jurista identificó posteriormente a su cliente como Franklin Montero, quien enfrenta cargos por presunta estafa electrónica y, según afirmó, también habría sido víctima de la supuesta estructura fraudulenta.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los imputados presuntamente captaban personas para obtener fondos de manera fraudulenta a través de operaciones electrónicas, causando pérdidas millonarias a una entidad financiera cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.
