Un hombre identificado como domingo, acusado de abuso sexual contra una niña de 12 años en San Francisco de Macorís, negó las acusaciones en su contra y aseguró que se trata de un invento. El imputado declaró frente a las cámaras que nunca ha visto ni hablado con la menor, y que desconoce las razones por las que fue señalado.

Durante la entrevista concedida al programa José Gutiérrez en Vivo, domingo afirmó que mantiene una reputación intachable en su comunidad y que es la primera vez que pisa un cuartel. “Ellos se inventaron eso conmigo. Yo ni la he visto ni he hablado con nadie. Siempre he sido un hombre serio”, expresó, visiblemente afectado por la situación.

El acusado explicó que conoce al padre y al hermano de la niña, con quienes asegura haber trabajado anteriormente, y añadió que incluso solía llevar alimentos a los agentes policiales de la zona. “Yo tengo cuatro hijos y once nietos. ¿Cómo tú crees que yo me voy a meter en problemas así?”, cuestionó.

Domingo considera que podría estar siendo víctima de una acusación motivada por intereses económicos, ya que, según sus palabras, “no tiene dinero y vive de su trabajo diario”. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la veracidad de los hechos y establecer responsabilidades conforme a la ley.

Penalidad por abuso sexual infantil

En República Dominicana, el abuso infantil es considerado un delito grave y está contemplado en el Código Penal y en la Ley 136-03 del Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Dependiendo de la gravedad de la agresión, las sanciones pueden incluir desde 5 hasta 20 años de prisión, así como multas económicas. En casos de violación sexual a menores de edad, la pena puede alcanzar los 30 años de reclusión mayor, siendo una de las sanciones más severas establecidas en la legislación dominicana.

Además de las penas de cárcel, el marco legal dominicano también contempla medidas complementarias para garantizar la protección de la víctima y la reparación del daño. Estas incluyen la pérdida de la patria potestad, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la obligación de brindar asistencia psicológica a las víctimas. Con estas disposiciones, la legislación busca no solo castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje contundente de cero tolerancia contra la violencia y el abuso infantil.