Julio Hazim volvió a encender el debate público al criticar el manejo que, a su juicio, está realizando el Ministerio Público en los procesos ligados a casos de corrupción y, en particular, a los acuerdos con imputados. Durante su intervención, Hazim señaló que existe una “inconsistencia preocupante” entre los discursos oficiales y la realidad procesal, afirmando que la Procuraduría ha dicho que no hay acuerdos, mientras las acusaciones “están llenas de testimonios negociados”.
Hazim insistió en que el Ministerio Público debe ser más transparente sobre los mecanismos utilizados para sustentar sus expedientes, especialmente en casos sensibles como el escándalo que involucra a Senasa. Según el analista, la magnitud del entramado ha sorprendido incluso a la propia procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien recientemente expresó que el MP está “alarmado” por las implicaciones del fraude. Para Hazim, estas declaraciones revelan la complejidad del sector salud, un espacio donde según narró por años han operado prácticas fraudulentas difíciles de rastrear.
El comunicador también advirtió que las llamadas “delaciones premiadas” deben manejarse con mayor rigor para evitar que “culpables busquen salvarse acusando a otros sin pruebas sólidas”. Subrayó que, aunque los testimonios pueden ayudar a construir casos, deben estar acompañados de evidencia verificable. “A la larga, lo que vale es la prueba, no el cuento”, expresó, advirtiendo que acuerdos mal sustentados podrían derrumbarse en los tribunales, como ha ocurrido en otros países.
Hazim cerró su comentario señalando que el Ministerio Público enfrenta el desafío de presentar expedientes robustos que soporten el escrutinio judicial y público, especialmente en un contexto donde según dijo algunos actores se han erigido como “paladines de la moral” sin tener, en su opinión, la calidad para hacerlo.
Además, Hazim recordó que el Ministerio Público no puede depender únicamente de informaciones suministradas por la Cámara de Cuentas o por delaciones de imputados, sino que debe desarrollar capacidades propias de investigación profunda. Señaló que, en casos de alto impacto, la presión mediática y la necesidad de resultados rápidos no deben convertirse en excusas para presentar expedientes débiles. Enfatizó que la fortaleza institucional se mide, precisamente, en la calidad de las pruebas y en el respeto al debido proceso.
Finalmente, advirtió que el manejo de estos casos marcará un precedente en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Si los expedientes se construyen con rigor, dijo, se fortalecerá la confianza pública en las autoridades judiciales; pero si se basan en acuerdos mal estructurados o testimonios inconsistentes, el país podría enfrentar un retroceso significativo. Hazim llamó a que “todo fluya con seriedad”, reiterando que el combate a la corrupción requiere equilibrio entre firmeza, técnica y respeto a los derechos fundamentales.
