La comunicadora y abogada Susana Gautreau criticó con dureza la posibilidad de que el Ministerio Público otorgue acuerdos a imputados vinculados al presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), tras conocerse la medida de coerción impuesta a Eduardo Read, quien fue enviado a cumplir prisión domiciliaria.
Durante su intervención en el programa Gobierno de la Mañana, transmitido por Z Digital, Gautreau afirmó que, aunque defiende la figura de los acuerdos penales como una herramienta legítima dentro del sistema de justicia, estos deben aplicarse con extrema cautela y dentro de los límites que establece el Código Procesal Penal.
La comunicadora sostuvo que el caso Senasa no cumple con los criterios legales para la aplicación del principio de oportunidad, al tratarse de hechos que afectan de manera directa y significativa el interés público. “Ese criterio no aplica cuando el máximo de la pena imponible supera los dos años de privación de libertad. En este caso, las penas posibles exceden ese límite, por lo que no procede un acuerdo”, enfatizó.
Gautreau señaló además que los delitos atribuidos a Eduardo Read serían de igual gravedad que los imputados principales del expediente, al tratarse de hechos conexos que, según explicó, “no se dan uno sin el otro”. En ese sentido, advirtió que otorgar beneficios procesales a uno de los imputados podría generar un efecto en cascada sobre los demás involucrados.
Asimismo, cuestionó las diferencias en las medidas de coerción impuestas, al destacar que imputados con señalamientos menos graves recibieron prisión preventiva, mientras otros, con acusaciones más severas, fueron enviados a cumplir arresto domiciliario. También expresó sorpresa por la falta de investigación al Consejo de Senasa, órgano que, según dijo, debía supervisar las decisiones adoptadas por la dirección ejecutiva.
Finalmente, Gautreau reiteró que los acuerdos deben ser “verdaderos acuerdos”, aplicados con responsabilidad, transparencia y respeto al marco legal, advirtiendo que una aplicación indebida podría debilitar la credibilidad institucional del Ministerio Público y generar un grave precedente en casos de corrupción que involucran fondos públicos.
