Las autoridades anunciaron esta semana un operativo de seguridad que movilizó a más de 7,000 policías y militares en todo el país, con el propósito de reducir los índices de delincuencia. Sin embargo, el despliegue ha generado controversia y denuncias por parte de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de detenciones arbitrarias durante el patrullaje.
Residentes de distintos sectores, especialmente trabajadores que se desplazan temprano hacia sus empleos, reportaron que los agentes detienen a personas aun cuando muestran su carné laboral o uniforme institucional. La situación ha sido calificada como un abuso de poder por organizaciones comunitarias, que exigen una revisión del protocolo de actuación de las patrullas mixtas.
Un hecho reciente ocurrido en la comunidad de Los Topones refleja la tensión entre los uniformados y la población. Vecinos denunciaron que agentes intentaron llevarse a un joven trabajador desde su casa, pese a las protestas de la comunidad, que lo describió como un hombre honesto. Las quejas aumentan y los ciudadanos piden al gobierno que el operativo se enfoque en los verdaderos delincuentes y no en la gente de trabajo.
