SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público acusó a una red criminal de manipular facturas y contratos en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) para desviar fondos públicos, afectando directamente a los recursos destinados a miles de afiliados del sistema de salud.

Según el expediente del caso, que supera las 500 páginas, los implicados no solo realizaban facturación irregular, sino que también manipulaban contratos con clínicas y hospitales para recibir pagos por servicios inexistentes. Además, establecían empresas ficticias que colaboraban con estas instituciones, firmando convenios que nunca se cumplían.

El órgano persecutor señala que con estas maniobras los imputados lograban acceder a fondos millonarios que eran utilizados para fines personales, mientras adulteraban estados financieros y bloqueaban cualquier iniciativa de transparencia que pudiera frenar sus actividades ilícitas.

De acuerdo con la acusación, la red presuntamente estaba encabezada por el entonces director del Senasa, Santiago Jacín, y contaba con ramificaciones en el sector privado, utilizando estrategias administrativas, tecnológicas y financieras para sustraer recursos mediante corrupción y lavado de activos.

El Ministerio Público detalla que los implicados instruían al personal clave de contabilidad, análisis financiero y tecnología para reflejar una falsa solvencia de la institución, asegurando que las maniobras ilícitas permanecieran ocultas ante los órganos de fiscalización.

Las investigaciones también revelan que la red operaba con un alto grado de organización y planificación, lo que permitió que los desvíos de fondos continuaran durante años sin ser detectados. Los fiscales advierten que el esquema afectó seriamente la capacidad de Senasa para cumplir con sus obligaciones de atención médica.

Ahora, el caso se encuentra en fase de judicialización, y se espera que las audiencias revelen el alcance total de los fondos desviados, así como la participación de todos los involucrados en este complejo entramado de corrupción.

Autoridades del Ministerio Público aseguran que continuarán las investigaciones para identificar posibles nuevos implicados y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, mientras se trabaja en medidas para proteger los recursos del sistema de salud.