La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó una moción instando al régimen de Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España. La solicitud fue presentada por el partido oficialista, que acusa a España de dar refugio a “delincuentes, ladrones y asesinos” con cuentas pendientes en Venezuela, en referencia a varios políticos opositores exiliados, incluido Edmundo González Urrutia.

González Urrutia, exiliado en Madrid, afirmó haber huido del país debido a amenazas del gobierno chavista. El Congreso español, por su parte, reconoció públicamente a González Urrutia como ganador legítimo de las presidenciales del 28 de julio, lo que desató el rechazo del gobierno venezolano.

La Asamblea venezolana calificó esta acción del Congreso español como una “grosera injerencia” en los asuntos internos de Venezuela y pidió al poder ejecutivo que evalúe la ruptura de relaciones en respuesta a lo que consideran una falta de respeto hacia la “institucionalidad venezolana”. Aunque la decisión de la Asamblea no es vinculante, el gobierno de Maduro deberá ahora decidir si ejecuta la ruptura definitiva.

El acuerdo también exige respeto a la “soberanía del pueblo venezolano”, defendiendo la reelección de Nicolás Maduro como presidente, y rechaza lo que consideran una “nefasta resolución” promovida por sectores de derecha en el Parlamento español.