El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanza en la implementación de nuevas medidas tecnológicas para la identificación y rastreo de inmigrantes indocumentados, según confirmaron fuentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades indicaron que el programa incorpora sistemas de reconocimiento facial e inteligencia artificial con el objetivo de reforzar el control documental y monitorear actividades en redes sociales.
De acuerdo con los datos oficiales, la plataforma permitirá cruzar imágenes de cámaras públicas, bases de datos gubernamentales y perfiles digitales para identificar posibles violaciones migratorias en tiempo real. ICE asegura que esta herramienta busca “modernizar los procesos de supervisión” y mejorar la capacidad de respuesta de los agentes federales.
Críticos de la medida advierten que el uso de IA para vigilar a la población podría abrir la puerta a abusos y vulneraciones de derechos civiles, especialmente en comunidades migrantes. Organizaciones proinmigrantes piden mayor transparencia en el uso de estas tecnologías y alertan sobre el riesgo de discriminación algorítmica. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el sistema operará bajo protocolos de privacidad y supervisión federal.
Expertos en ciberseguridad señalan que el uso de reconocimiento facial a gran escala requiere sistemas extremadamente precisos, ya que los errores de identificación podrían conducir a detenciones indebidas. Investigadores en ética tecnológica también advierten que la combinación de IA con vigilancia en redes sociales podría crear perfiles de riesgo basados en patrones de conducta que no necesariamente representan una violación migratoria.
Por otro lado, funcionarios cercanos al presidente Trump aseguran que la medida forma parte de una estrategia más amplia para “recuperar el control del sistema migratorio” y acelerar procesos de deportación. La Casa Blanca sostiene que la tecnología permitirá identificar a personas con órdenes pendientes, antecedentes criminales o entradas irregulares, reduciendo la dependencia de operativos físicos en terreno.
Mientras crece el debate, organizaciones de derechos humanos anuncian que llevarán el caso a los tribunales para frenar su implementación, alegando que el programa viola garantías constitucionales de privacidad y libertad de expresión. También exigen que el Congreso abra una investigación sobre el alcance real de la recopilación de datos y los posibles acuerdos con empresas tecnológicas involucradas.
