La decisión de otorgar un permiso laboral al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra, generó una fuerte polémica que llevó al apartamiento temporal del juez responsable. José Manuel Arias Martínez, quien había concedido la medida, fue trasladado como juez interino al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal por un período inferior a 30 días, según un auto de la Coordinación del Departamento Judicial.
El permiso laboral, contemplado en la Ley 113-21 como medio libre, autorizaba a Santana Cuevas a impartir docencia en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y a permanecer en reclusión domiciliaria cuando no estuviera cumpliendo con esa actividad. La medida fue otorgada tras el aval del vicepresidente del CARD, Juan Pérez Roa, quien se presentó como garante del condenado, aunque luego el gremio retiró su apoyo tras recibir críticas públicas.
Santana Cuevas, quien cumple actualmente siete de los veinte años de su condena por incesto, había recibido el permiso con la intención de trabajar en actividades docentes relacionadas con el ejercicio legal. La decisión judicial provocó una reacción inmediata de la sociedad y de diversas instituciones, cuestionando la pertinencia de permitir que un condenado por delitos sexuales de alta gravedad pudiera cumplir parte de su pena fuera del centro penitenciario.
El caso de Santana Cuevas ha puesto en evidencia vacíos y debates legales sobre los permisos laborales para condenados, especialmente cuando se trata de delitos graves contra menores. Organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia penal han solicitado mayor regulación y criterios más estrictos para la aplicación de estos beneficios, enfatizando la necesidad de proteger la integridad de la sociedad y de las víctimas.
La medida sigue pendiente de apelación, y se espera que este miércoles 9 de octubre el tribunal correspondiente conozca los argumentos sobre la validez del permiso laboral, mientras el juez Arias Martínez ha sido reasignado a su puesto original en San Cristóbal tras casi un mes de apartamiento.
