Santo Domingo – Radhamés del Carmen denunció públicamente que desde 2020 sus cuentas bancarias, propiedades y otras gestiones financieras han sido bloqueadas de manera injusta, sin que existan órdenes judiciales ni acusaciones formales en su contra. Según explicó en una entrevista radial, este bloqueo ha afectado no solo sus recursos personales, sino también su capacidad para manejar asuntos familiares y profesionales.

Del Carmen aseguró que la situación comenzó tras la presentación de una querella en su contra, realizada por terceros vinculados a auditorías y revisiones de su gestión en empresas del sector energético. “Tan pronto la querella se presentó, me bloquearon la cuenta de nómina, el dinero de mi liquidación, tarjetas de crédito, matrículas y hasta mi apartamento. No he podido sacar marbete desde el año 2020”, relató el ingeniero.

El exfuncionario señaló que todo el procedimiento se realizó sin investigación previa ni citación por parte del Ministerio Público o la Procuraduría General de la República. “Nadie me ha llamado, ni me han citado. Simplemente me declararon delincuente y me dejaron en esta condición”, denunció.

Radhamés del Carmen atribuyó el bloqueo a un abuso del sistema y denunció que la querella fue utilizada como una estrategia comunicacional para afectar su reputación y sus bienes. Indicó que la información de sus gestiones fue sustraída de las plataformas oficiales, lo que le impidió defenderse adecuadamente.

El ingeniero afirmó que ha buscado soluciones mediante canales legales y la intervención de la Superintendencia de Bancos, pero hasta ahora no ha recibido respuestas que resuelvan la situación. “Esto no puede seguir así. Toda persona debe tener derecho a defensa y un proceso justo”, enfatizó.

Del Carmen calificó la situación como un abuso flagrante de sus derechos y pidió la intervención de las autoridades competentes para que se restablezca su acceso a cuentas, propiedades y recursos bloqueados sin justificación.

El caso ha generado preocupación en sectores ciudadanos y profesionales del país, quienes consideran que estas prácticas vulneran principios básicos de justicia y transparencia, afectando la credibilidad de las instituciones.

Finalmente, el ingeniero aseguró que espera que las instancias judiciales y financieras revisen su caso con objetividad y celeridad, y afirmó que continuará luchando para recuperar lo que considera un derecho legítimo.