El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que dejará plena libertad al Ministerio Público para actuar en la investigación sobre las denuncias de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). El mandatario afirmó que, en esta etapa del proceso, cualquier valoración debe provenir únicamente del órgano investigador.
Abinader reiteró que no emitirá juicios sobre el caso y recordó que fue él mismo quien remitió directamente a la Procuraduría General de la República el informe que detalla las presuntas irregularidades en Senasa. “Cualquier opinión no es correcta, tiene que ser ya una opinión de ellos. Ellos tienen libertad”, sostuvo.
El informe en cuestión fue enviado a la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, quien deberá dar continuidad a las indagatorias. Con esta postura, el jefe de Estado remarcó su compromiso de mantener la independencia de las investigaciones y garantizar que los responsables rindan cuentas conforme a la ley.
La investigación sobre Senasa se produce tras denuncias de sobornos, contratos irregulares y un déficit millonario que, de acuerdo con revelaciones periodísticas, fueron ignorados por las propias autoridades de la aseguradora estatal.
El presidente enfatizó que su gobierno no tolerará actos de corrupción en ninguna institución pública y que el caso de Senasa será un ejemplo de cómo se debe actuar frente a situaciones que comprometan la transparencia en la administración del Estado. “El Ministerio Público tiene total independencia, y nosotros no vamos a intervenir en ese proceso”, reiteró.
Abinader también recordó que su gestión ha impulsado reformas para fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en entidades estatales, con el objetivo de evitar que irregularidades como las señaladas en Senasa se repitan. Subrayó que el combate a la corrupción es una de las prioridades de su mandato.
La ciudadanía ha expresado gran expectativa sobre el desenlace de esta investigación, en especial porque Senasa es una de las instituciones más relevantes del sistema de seguridad social. La opinión pública demanda sanciones ejemplares en caso de comprobarse responsabilidades, lo que mantiene al caso en el centro del debate nacional.
