El comunicador Felipe Romero Sánchez lanzó una dura advertencia sobre lo que calificó como “un fraude estructural” dentro del Registro Civil de la República Dominicana, asegurando que prácticas irregulares y redes de corrupción están comprometiendo la identidad nacional, los derechos ciudadanos y la seguridad jurídica del país.
Romero Sánchez acusó a la Junta Central Electoral (JCE) de permanecer en silencio ante denuncias que, según afirma, se han vuelto cada vez más frecuentes y graves. Señaló que no se trata únicamente de problemas con la cédula o la modernización del documento, sino de un registro de nacimientos profundamente “viciado”, manipulado y vulnerable” que invalida cualquier esfuerzo de identificación avanzada si la base misma está comprometida.
El comunicador explicó que empleados de circunscripciones, oficinas de abogados e incluso iglesias estarían involucrados en la fabricación ilegal de actas de nacimiento, otorgando nacionalidad dominicana a personas que no califican y creando identidades falsas. “Se está cometiendo un fraude contra el Estado dominicano”, denunció, alertando que este fenómeno afecta no solo a extranjeros, sino que además vulnera derechos sucesorales y facilita el robo de herencias mediante la creación de documentos falsificados.
Romero Sánchez también advirtió sobre nuevas modalidades de fraude, entre ellas el reclutamiento de jóvenes vulnerables a quienes se les paga para reconocer niños ajenos como hijos propios, así como la detección y apropiación de herencias no reclamadas, gestionadas mediante corrección de actas y declaraciones tardías manipuladas desde oficialías del Estado civil.
El comunicador insistió en que la situación representa una amenaza directa a la soberanía nacional y a la integridad del sistema jurídico dominicano. “Si el registro civil está corrupto, la cédula no vale nada”, afirmó, reclamando una depuración total del Registro Civil, consecuencias legales reales y acciones inmediatas por parte de la Junta Central Electoral.
Según Romero Sánchez, la permisividad institucional ha permitido que estas redes operen “como si las oficialías fueran impresoras”, emitiendo documentos de identidad sin controles. “Así no se puede”, concluyó, subrayando que proteger la identidad de cada dominicano es una obligación del Estado y no puede seguir siendo vulnerada por corrupción y silencio oficial.
