El presidente Luis Abinader promulgó la noche de este jueves la Ley 30-26, una normativa orientada a fortalecer la estabilidad económica de la República Dominicana mediante medidas de crecimiento, simplificación fiscal y mitigación de los efectos derivados de la incertidumbre económica internacional.
La legislación fue aprobada de urgencia por el Congreso Nacional durante la mañana y surge como una respuesta preventiva ante los riesgos generados por recientes tensiones geopolíticas en el escenario mundial, incluyendo el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que provocó preocupación por posibles aumentos en los precios del petróleo, presiones inflacionarias y alteraciones en los mercados financieros y el comercio internacional.
Aunque en los últimos días las partes involucradas anunciaron un alto el fuego y el inicio de conversaciones diplomáticas, las autoridades dominicanas consideran que persisten factores de incertidumbre que podrían afectar el desempeño económico global y, por ende, la economía nacional.
Al presentar el plan el pasado 11 de junio, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, explicó que las medidas contempladas en la nueva ley permitirán al Estado captar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales. Estos recursos serán destinados a fortalecer la economía, preservar programas sociales y garantizar la continuidad de inversiones consideradas estratégicas para el desarrollo del país.
Uno de los principales componentes de la Ley 30-26 es la implementación de una amnistía fiscal temporal, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta disposición permitirá a personas físicas y jurídicas regularizar obligaciones tributarias pendientes bajo condiciones especiales establecidas por las autoridades fiscales.
El Gobierno sostuvo que la normativa busca ofrecer herramientas para mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer las finanzas públicas y brindar mayor capacidad de respuesta ante posibles impactos externos que puedan afectar el crecimiento económico nacional.
Con la promulgación de esta ley, las autoridades esperan reforzar la confianza de los sectores productivos y garantizar la sostenibilidad de las políticas económicas y sociales en un contexto internacional marcado por la volatilidad y la incertidumbre.
