El comunicador Óscar Medina se refirió este martes a la reprimenda emitida por el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial contra el juez Rigoberto Sena, luego de que este incluyera citas bíblicas, textos de Juan Pablo Duarte y referencias del escritor León Tolstói en la motivación de la medida de coerción del caso SeNaSa. Durante su comentario en el programa Hoy Mismo Matinal, Medina afirmó que “cada cosa tiene su momento y su lugar”, subrayando que una decisión judicial debe ceñirse estrictamente al marco legal.
De acuerdo con lo explicado en el espacio, el comité consideró grave que el magistrado incorporara este tipo de citas, calificándolas como obiter dicta, es decir, opiniones accesorias que no resultan necesarias para sustentar una decisión jurídica. Los analistas señalaron que ese proceder se aparta de las funciones específicas de un juez de atención permanente, cuyo rol se limita a determinar si existe peligro de fuga o riesgo para la investigación.
Óscar Medina respaldó la observación ética al indicar que este tipo de valoraciones filosóficas o morales pueden interpretarse como un exceso de protagonismo y, peor aún, generar consecuencias negativas para el proceso. “Cuando un juez se sale del libreto legal, le da armas a la defensa para alegar violaciones al debido proceso”, advirtió, señalando que esto termina debilitando el interés social de que los casos de corrupción reciban sanciones justas.
En el contexto del caso SeNaSa, recordó que el expediente involucra a 10 imputados, de los cuales tres cumplen prisión preventiva en el centro de Las Parras y otros tres están bajo arresto domiciliario, decisiones que ahora quedan bajo mayor escrutinio público y jurídico por la polémica generada.
Finalmente, Medina y otros comentaristas reflexionaron sobre la necesidad de fortalecer y modernizar el sistema judicial, insistiendo en la formación continua de jueces y fiscales, así como en la creación de laboratorios de criminología modernos que permitan expedientes más sólidos. Coincidieron en que el juez debe actuar como un tercero imparcial, sin presiones mediáticas ni excesos discursivos, para garantizar credibilidad y respeto al debido proceso.
