El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su preocupación por el uso desregulado de mano de obra haitiana en la República Dominicana, advirtiendo sobre los riesgos sociales, laborales y de seguridad que esto podría representar para el país. La postura fue abordada durante una intervención difundida por Z Digital, donde se planteó la necesidad de revisar el actual modelo de contratación en sectores productivos clave.
La organización empresarial señaló que, si bien la mano de obra extranjera ha sido históricamente necesaria en actividades como la agricultura y la construcción, se requiere establecer un mecanismo de regulación que garantice un uso ordenado y legal. “No podemos seguir operando bajo esquemas informales que ponen en riesgo la seguridad laboral y la estabilidad del país”, fue una de las advertencias señaladas en la exposición.
El CONEP también destacó que la creciente dependencia de trabajadores haitianos en situación migratoria irregular crea distorsiones en el mercado laboral dominicano, afectando las condiciones de trabajo y generando conflictos en las comunidades. A su juicio, esto no solo es insostenible a largo plazo, sino que además agrava las tensiones sociales.
Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, ha sido claro al indicar que el colapso institucional en Haití representa un riesgo multidimensional para la República Dominicana. Ha reiterado que la respuesta a esta situación debe surgir desde un enfoque integral, que incluya al gobierno, al empresariado y a la sociedad civil, a fin de formular políticas públicas que respondan a la realidad actual.
Asimismo, el gremio empresarial propone que el tema sea discutido formalmente en el Consejo Económico y Social, con la finalidad de establecer un marco regulatorio para el uso de mano de obra extranjera, que contemple permisos laborales temporales y mecanismos de supervisión. Según el CONEP, la regularización no debe ser improvisada, sino acompañada de formación y fiscalización.
Finalmente, el organismo reiteró que no se trata de rechazar la presencia de trabajadores haitianos, sino de garantizar que su integración al mercado laboral se haga dentro del marco legal, de forma segura y beneficiosa para todos. “Queremos una economía fuerte, pero también justa, y eso solo se logra con reglas claras y una aplicación firme de la ley”, concluyó el comunicado.
