Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá en las próximas horas la solicitud de medidas de coerción contra tres personas acusadas de integrar una presunta estructura que habría defraudado al Estado dominicano, al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y exmiembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado y antigua funcionaria administrativa del patronato.
El proceso forma parte de la denominada Operación Onco14, mediante la cual el Ministerio Público asegura haber desarticulado una estructura criminal que presuntamente ejecutó un sofisticado esquema de fraude que habría provocado pérdidas millonarias en perjuicio del sistema de salud y de pacientes oncológicos de la región Norte.
La investigación es encabezada por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, organismos que sostienen que los imputados desempeñaron roles clave dentro de la presunta red.
Mientras tanto, abogados de la defensa manifestaron que aún no han recibido formalmente el expediente acusatorio, por lo que indicaron que fijarán una posición pública una vez puedan estudiar los documentos y conocer en detalle las imputaciones presentadas por el órgano acusador.
El Ministerio Público busca que el tribunal imponga medidas cautelares mientras continúan las investigaciones de un caso que ha generado gran atención debido a la naturaleza de las instituciones afectadas y al impacto que habría tenido sobre pacientes que recibían tratamientos contra el cáncer.
