Los Ángeles — El 11 de julio de 2025, la alcaldesa Karen Bass firmó una directiva ejecutiva sin precedentes para blindar a la ciudad y sus inmigrantes frente a futuras redadas del ICE, tras una serie de operativos federales que generaron indignación entre líderes locales y comunidades afectadas.
La orden ordena que todos los departamentos municipales fortalezcan sus protocolos y capacitaciones en cumplimiento con la normativa de ciudad santuario, estableciendo planes de contingencia que deben presentarse en un plazo de dos semanas. Asimismo, crea un grupo de trabajo conjunto entre la policía local, la Oficina de Asuntos Migratorios y organizaciones comunitarias. Además, requiere que las agencias federales entreguen registros detallados de las redadas bajo la Ley de Libertad de Información, incluyendo razones de detención, identidades y costos.
En una iniciativa pionera, Bass anunció la creación de tarjetas de asistencia monetaria —financiadas por organismos filantrópicos, sin costo para la ciudad que se entregarán a familias afectadas por las redadas, distrayendo algunos cientos de dólares por beneficiario.
Este movimiento surge en medio de protestas masivas y críticas fuertes contra la operación del 7 de julio en MacArthur Park, donde ICE y agencias federales desplegaron vehículos blindados, agentes armados y personal montado a caballo en un escenario que recordó una zona militarizada. El operativo, según autoridades locales, no reportó detenciones pero sí interrumpió un campamento infantil y desplazó a trabajadores sanitarios que atendían a personas sin hogar.
La alcaldesa catalogó esas acciones como un “espectáculo político” diseñado para infundir miedo en las comunidades migrantes, y advirtió que Los Ángeles no se quedaría de brazos cruzados. En respuesta, el fiscal del Departamento de Seguridad Nacional advirtió que las operaciones continuarían pese a la oposición local .
Esta directiva se complementa con una demanda presentada por la ciudad, junto a otros municipios de California, en un tribunal federal, impugnando las tácticas de ICE por uso excesivo de la fuerza y perfil racial. El pasado 11 de julio, la jueza Maame Ewusi‑Mensah Frimpong emitió órdenes judiciales que prohíben detenciones arbitrarias sin sospecha razonable y obligan a garantizar acceso a asesoría legal 7 días a la semana a los detenidos.
La medida ha sido celebrada por defensores de derechos civiles y líderes comunitarios, que consideran que marca un hito en la defensa institucional de los inmigrantes, reforzando la postura de Los Ángeles como ciudad de refugio y resistencia frente a políticas federales represivas.
