Abogados de Santo Domingo Oeste (SDO) se movilizaron este miércoles en rechazo a la intención del Poder Judicial de trasladar la Tercera Sala de la Corte de Apelación a la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este (SDE), al considerar que la medida afectaría gravemente el acceso a la justicia de miles de ciudadanos.
Los juristas advirtieron que el eventual traslado impactaría de manera directa a más de 700 mil habitantes de Santo Domingo Oeste, quienes tendrían que desplazarse a la zona oriental para realizar trámites judiciales, encareciendo costos y dificultando la asistencia a audiencias y procesos legales.
Durante la protesta, los manifestantes insistieron en que no se trata de una solicitud particular del gremio, sino de la defensa de un derecho constitucional: el acceso a una justicia pronta, digna y eficiente dentro de la propia demarcación territorial. Afirmaron que la permanencia de la Corte en SDO constituye un derecho adquirido que no debe ser vulnerado.
Como parte de sus acciones, los abogados anunciaron que someterán un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) con el objetivo de frenar el traslado. Señalaron que la decisión del Poder Judicial violaría el principio de progresividad de los derechos y podría provocar un “desistimiento involuntario” de las víctimas, debido a las limitaciones económicas para trasladarse hasta Santo Domingo Este.
Los profesionales del derecho recordaron que en Santo Domingo Oeste se construye actualmente una nueva Ciudad Judicial, que contará con edificios destinados al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública. El complejo incluirá 11 salas de audiencia, cárceles preventivas, oficinas para jueces, áreas de entrevistas forenses y salas virtuales, y se prevé que esté listo para finales del próximo año.
El abogado Yery Castro, quien encabezó la manifestación junto a miembros de la Sociedad de Abogados Litigantes de Santo Domingo Oeste, advirtió que mantendrán un plan de lucha y movilizaciones para impedir que el traslado se concrete el próximo 19 de enero, reiterando que la defensa es por el derecho ciudadano a una justicia cercana y accesible.
