El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, ha firmado una nueva ley que marca un hito en la legislación estatal al añadir dos medicamentos utilizados para inducir el aborto a la lista de sustancias controladas. Esta medida, que castiga la posesión sin receta médica con cárcel y multas, convierte a Luisiana en el primer estado en implementar sanciones penales para quienes manipulen la mifepristona y el misoprostol sin la debida autorización.
Landry defendió la medida como una protección para las mujeres de Luisiana, afirmando que “exigir que un medicamento para inducir el aborto se obtenga con receta médica y criminalizar su uso sin supervisión es nada menos que sentido común”. La legislación, impulsada por los republicanos, fue aprobada en tiempo récord y ha generado un intenso debate.
Por un lado, defensores de los derechos reproductivos y médicos han expresado su preocupación por las implicaciones de la ley, señalando que estos medicamentos tienen otros usos médicos críticos. Sin embargo, los partidarios de la medida argumentan que busca salvaguardar la salud y seguridad de las mujeres.
El presidente Joe Biden ha criticado la decisión de Landry, calificándola como “aterradora” para las mujeres en todo el país y advirtiendo sobre posibles esfuerzos para expandir este tipo de legislación a nivel nacional.
La nueva ley, que entrará en vigor el 1 de octubre, establece penas de hasta cinco años de cárcel para quienes posean estos fármacos sin receta médica válida. Sin embargo, se ha asegurado que las mujeres embarazadas que los obtengan para su propio uso no serán procesadas.
En contraposición, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado una medida que temporalmente permite a los proveedores de abortos de Arizona realizar el procedimiento en California hasta el 30 de noviembre, ofreciendo una alternativa en medio de las crecientes restricciones en otros estados.
