El procurador general de la República afirmó que las autoridades mantienen un seguimiento a los dominicanos que regresan deportados desde Estados Unidos, aunque sostuvo que su reinserción depende también del respaldo de la sociedad. Explicó que, al no haber cometido delitos en territorio dominicano, estas personas no pueden ser objeto de restricciones que vulneren sus derechos, por lo que el principal desafío consiste en facilitar oportunidades que favorezcan su integración laboral y social.
Durante un reportaje, un dominicano deportado hace seis años, cuya identidad fue protegida con un nombre ficticio, rechazó las declaraciones que atribuyen el incremento de la delincuencia a quienes regresan deportados. El entrevistado aseguró que, tras cumplir condena en el extranjero, se ha dedicado al trabajo como taxista y no ha reincidido en actividades delictivas. Asimismo, expresó que muchos deportados enfrentan dificultades para acceder a empleos debido al estigma que pesa sobre ellos, pese a haber cumplido con la justicia.
El debate también fue abordado por legisladores, quienes consideraron que la delincuencia responde a múltiples factores y no puede atribuirse únicamente a la población deportada. Además, se recordó que, según el Segundo Censo Nacional Penitenciario realizado en 2011, alrededor del seis por ciento de los deportados había reincidido en hechos delictivos. Las opiniones coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas de reinserción social y promover oportunidades que reduzcan el riesgo de exclusión.
