La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó este viernes la acusación formal contra el exsubsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, solicitando una pena total de 14 años de prisión por los presuntos delitos de violación y abuso sexual cometidos en septiembre de 2024. El escrito fue presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
De acuerdo con el Ministerio Público, la solicitud de condena se divide en diez años de cárcel por el delito de violación y cuatro años por abuso sexual. Monsalve, de 60 años, permaneció en prisión preventiva entre noviembre de 2024 y mayo de este año, cuando el tribunal dispuso la medida cautelar de arresto domiciliario total.
El denominado “Caso Monsalve” salió a la luz en octubre del año pasado, luego de que la prensa chilena revelara que una asesora del entonces subsecretario lo había denunciado por una supuesta violación ocurrida en una habitación del Hotel Panamericano, ubicado en el centro de Santiago. Según la investigación, ambos habrían cenado juntos el 22 de septiembre de 2024, consumiendo grandes cantidades de alcohol, para luego trasladarse al hotel.
La acusación sostiene que Monsalve habría cometido el delito de violación “valiéndose de que la víctima se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse, producto de la alta ingesta de alcohol”. Además, la Fiscalía señala que al día siguiente, el 23 de septiembre, el exfuncionario incurrió en un presunto abuso sexual al realizar actos de significación sexual sin el consentimiento de la denunciante, quien continuaba en estado de estupefacción.
La investigación se extendió por un período de un año y dos meses e incluyó la declaración de 89 testigos, entre ellos el presidente de Chile, Gabriel Boric. Monsalve, médico de profesión y militante del Partido Socialista —del cual fue expulsado tras conocerse el caso—, era una de las figuras con mayor proyección dentro del Gobierno y estaba a cargo de la lucha contra el crimen organizado.
La defensa del exsubsecretario solicitó esta semana la reapertura del caso, petición que será resuelta en enero próximo. El proceso judicial ha representado uno de los golpes políticos más severos para la administración de Boric, generando fuertes cuestionamientos por la demora en la destitución del funcionario y por la gestión del caso, especialmente en un contexto donde la violencia de género es un tema central para el oficialismo.
