SANTO DOMINGO.- Ray González se hizo eco de la reciente denuncia publicada por el prestigioso periódico español El País sobre la extracción indiscriminada de materiales del Río Nizao, un recurso vital para la República Dominicana, y alertó sobre la preocupante falta de acción por parte del gobierno dominicano.
En un contundente llamado, González destacó que esta problemática ha sido permitida bajo la mirada pasiva de las autoridades, a pesar del impacto ambiental y económico que representa para el apaís. Según el reportaje internacional, bandas dedicadas a la extracción ilegal operan con impunidad, incluso llegando a agredir a periodistas que intentaron documentar estas actividades.
El exsenador recordó la gestión del fenecido Orlando Jorge Mera en el Ministerio de Medio Ambiente, quien había priorizado la protección de los recursos naturales, y criticó que los actuales funcionarios no han logrado contener este flagelo. “No podemos permitir que se sigan destruyendo nuestros ríos, porque el turismo y el desarrollo del país dependen de la conservación de nuestra belleza natural”, enfatizó González.
Finalmente, hizo un llamado urgente al Ministerio de Medio Ambiente y al Congreso de la República para que actúen con decisión y frenen esta problemática que pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y económica de la nación. “Es tiempo de vigilancia y preparación, o tendremos que exigir relevos de quienes no cumplen con su deber”, advirtió.
Este caso vuelve a poner en evidencia los retos que enfrenta el país en la protección de sus recursos naturales y la necesidad de políticas efectivas contra la corrupción y la impunidad.
González también alertó sobre la proliferación acelerada de estas prácticas ilegales y advirtió que si no se toman medidas inmediatas, el daño ambiental podría ser irreversible, afectando no solo al ecosistema, sino también a las comunidades que dependen del río para su sustento. Insistió en que la defensa del patrimonio natural debe ser una prioridad nacional que trascienda intereses políticos y que involucre a toda la sociedad civil en la vigilancia y denuncia constante.
