La presencia creciente de trabajadoras sexuales venezolanas en República Dominicana ha generado tensiones visibles en las calles, donde mujeres dominicanas denuncian una competencia que consideran desleal. Videos difundidos en redes sociales muestran ofertas con precios inferiores a los habituales, lo que ha provocado inconformidad entre quienes ejercen el oficio desde hace años. Mientras las trabajadoras locales afirman cobrar alrededor de dos mil pesos por servicio, algunas extranjeras ofrecen tarifas mucho más bajas, situación que ha intensificado el conflicto y ha derivado en enfrentamientos verbales y físicos en distintos puntos del país.
El Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), que agrupa a unas seis mil trabajadoras sexuales, reconoce que ambas poblaciones pueden coexistir, pero advierte que la falta de regulación y la precariedad económica están alimentando una disputa creciente. Según relatan, los problemas comenzaron con comentarios en redes sociales y rápidamente escalaron a agresiones, peleas por clientes y actos de sabotaje entre compañeras. Especialistas explican que este fenómeno responde a una lucha por territorio, similar a la registrada en países como Argentina y Colombia, donde la migración ha modificado dinámicas históricas del trabajo sexual urbano.
Detrás del conflicto también existe una realidad más compleja. Muchas mujeres venezolanas llegan al país impulsadas por la crisis económica y social de su nación. Algunas ingresan al trabajo sexual por necesidad, otras por recomendación, y un grupo significativo es víctima de redes de trata. La Procuraduría ha rescatado decenas de mujeres explotadas sexualmente, muchas obligadas a atender múltiples clientes por noche. Las autoridades advierten que la vulnerabilidad migratoria facilita la captación por mafias organizadas. Mientras tanto, el Estado enfrenta altos costos de asistencia y protección, en un contexto donde la migración, la pobreza y la informalidad continúan empujando a cientos de mujeres a una actividad marcada por el riesgo, la estigmatización y la ausencia de garantías reales.
