El comunicador Julio Alberto Martínez cuestionó al Ministro de Hacienda y Economia; exdirector general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, tras sus recientes declaraciones sobre el costo fiscal que implicaría aplicar la indexación del impuesto sobre la renta (ISR) a la inflación, una propuesta impulsada por el senador Omar Fernández. Martínez calificó como “incoherente” el cambio de postura del exfuncionario, a quien recordó que en debates anteriores había sugerido abrir un diálogo nacional sobre el tema.
Durante su comentario, Martínez expresó su sorpresa ante el hecho de que Díaz ahora considere que la indexación supondría una pérdida de 25 mil millones de pesos para el Gobierno y un “riesgo para la estabilidad fiscal”. A su juicio, esa visión representa un retroceso en la búsqueda de soluciones justas para los trabajadores dominicanos, quienes —dijo— son los más afectados por el estancamiento salarial y la inflación.
“¿Cómo es posible que se hable de reforma fiscal para aumentar impuestos, pero no de indexar los salarios que están congelados desde 2017?”, cuestionó Martínez. Añadió que la falta de actualización de las escalas del ISR constituye un “atentado directo contra el poder adquisitivo de los empleados”, quienes enfrentan una canasta básica familiar que supera los 47 mil pesos, mientras la mayoría gana menos de 30 mil pesos al mes.
El comunicador también destacó que, según datos oficiales, más de 760 mil trabajadores continúan pagando impuestos que no les corresponderían si se cumpliera lo dispuesto en el Código Tributario de 1992, que establece la obligación de indexar los tramos del ISR de acuerdo con la inflación. “Los trabajadores no van a gastar ese dinero en Marte, lo gastarán aquí, dinamizando la economía dominicana”, señaló con ironía.
Finalmente, Martínez instó a que el debate sobre la indexación sea retomado con “sensatez y racionalidad”, y que se incluya dentro del diálogo para una futura reforma fiscal integral. Enfatizó que el país necesita medidas que protejan el ingreso real de la población trabajadora, en lugar de discursos que —según él— solo buscan justificar la carga impositiva sin considerar el impacto social de las decisiones económicas.