Una información publicada por Diario Libre reveló que un contratista de la ONSA denunció públicamente haber sido amenazado tras reclamar pagos atrasados por servicios prestados a la institución. El caso, difundido en una entrevista concedida en enero, adquiere relevancia por producirse en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión del organismo y a la conducta de su entonces director, Manuel Antonio Rivas. La denuncia contradice la narrativa de que no existían conflictos previos ni presiones internas dentro de la entidad.
Según el reportaje, Luciano Santos Gálvez afirmó haber trabajado durante más de once años para la ONSA mediante dos contratos de grúas destinadas al remolque de vehículos. De acuerdo con su testimonio, los acuerdos fueron cancelados sin notificación formal y permaneció más de un año sin recibir pagos que rondaban el millón de pesos. Santos Gálvez aseguró que, al exigir el cumplimiento de la deuda, fue objeto de burlas, chantajes, amenazas y vejámenes, no solo por parte del director de la institución, sino también del consultor jurídico, quien posteriormente fue mencionado en investigaciones relacionadas con la ONSA.
La trascendencia del señalamiento va más allá del conflicto laboral individual. Al hacerse público antes de los acontecimientos que sacudieron a la institución, el testimonio plantea interrogantes sobre prácticas internas de intimidación y manejo irregular de contratistas. El hecho de que la denuncia fuera realizada ante un medio de comunicación nacional refuerza su peso público y añade un nuevo elemento al debate sobre corrupción, abuso de poder y rendición de cuentas en organismos estatales. En un escenario marcado por la desconfianza ciudadana, este tipo de revelaciones incrementa la presión para que las autoridades esclarezcan responsabilidades y determinen si existió un patrón sistemático de amenazas desde la dirección de la ONSA.
