Santo Domingo.– La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la mañana de este viernes la solicitud de medida de coerción contra el influencer Aquiles Jiménez, quien enfrenta cargos por violación a la Ley de Armas. El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida cautelar, alegando la gravedad del caso y el riesgo de fuga.
Jiménez, conocido en redes sociales como un autodenominado experto en tecnología, fue arrestado el pasado martes tras ser sorprendido en posesión de pertrechos militares sin la debida autorización legal. Según el expediente preliminar, se trataba de equipo bélico de uso restringido por las Fuerzas Armadas.
El Ministerio Público calificó el caso como una amenaza para la seguridad ciudadana, por lo que entiende que no procede una medida menos gravosa. Se espera que la audiencia de este viernes arroje luz sobre los cargos formales que se le imputarán y el destino judicial del imputado.
Durante el allanamiento en el que fue arrestado, las autoridades habrían encontrado, además de pertrechos militares, dispositivos tecnológicos avanzados, cuya legalidad también está bajo revisión. Aunque hasta el momento no se ha confirmado una posible vinculación con redes criminales, las autoridades no descartan ampliar la investigación.
La defensa de Jiménez ha rechazado los señalamientos del Ministerio Público y adelantó que solicitará una medida menos severa, como arresto domiciliario o presentación periódica. Alegan que su defendido no representa peligro de fuga y que los objetos incautados estaban destinados, según él, a “fines de estudio y demostración tecnológica”.
El caso ha generado controversia en redes sociales, donde seguidores del influencer han expresado su sorpresa ante la acusación. Sin embargo, sectores de la sociedad civil han exigido una investigación profunda, advirtiendo sobre el peligro del uso inadecuado de equipos militares por civiles, independientemente de su notoriedad pública.
Se espera que la audiencia de medida de coerción se realice en horas de la mañana bajo estrictas medidas de seguridad, debido al interés mediático que ha generado el caso. Las autoridades han reiterado su compromiso con la aplicación rigurosa de la ley, advirtiendo que la popularidad en redes sociales no exime a ningún ciudadano del cumplimiento de las normas establecidas.
