San Juan de la Maguana – Leo Ortíz, vocero y defensor de los derechos ciudadanos, expresó su crítica a la decisión de un propietario de tierras en Arroyocano que demandó a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) en lugar de negociar un acuerdo por la instalación de dos antenas en su terreno, ubicadas en el área de la presa Palomino.
Ortíz explicó que estas torres fueron instaladas por EGEHID en la construcción de la presa y que en 2020 el propietario hizo la reclamación para ser indemnizado. Según Ortíz, EGEHID intentó llegar a un acuerdo ofreciendo una compensación basada en el valor catastral, pero el demandante rechazó la negociación y decidió proceder con una demanda judicial.
La justicia condenó a EGEHID a pagar un millón de pesos, monto que el propietario consideró insuficiente y apeló, prolongando así el conflicto. Ortíz hizo un llamado a que ambas partes retomen el diálogo para solucionar el caso de forma justa y evitar la judicialización prolongada, que no beneficia a nadie.
“Están dispuestos a pagar lo que corresponde, pero lamentablemente no se agotaron las vías de negociación antes de ir a tribunales”, señaló Ortíz, quien también pidió que organismos como la Defensoría del Pueblo ayuden a mediar para que el asunto se resuelva.
Finalmente, Ortíz criticó que el valor de 16 pesos por metro cuadrado fijado por catastro para la indemnización es claramente insuficiente y que el propietario no ha sido asesorado adecuadamente para alcanzar un acuerdo justo.
Ortíz también señaló que casos como este reflejan la necesidad de mejorar los mecanismos de diálogo entre ciudadanos y entidades públicas para evitar conflictos legales innecesarios. “Si desde el principio se hubiesen sentado a conversar, se habría ahorrado tiempo, recursos y desgaste para ambas partes”, añadió.
Además, hizo un llamado a la población para que busquen asesoría legal adecuada antes de tomar acciones que puedan complicar más los procesos, y a las instituciones para que faciliten procesos de conciliación efectivos que protejan los derechos de los ciudadanos sin entorpecer el desarrollo de proyectos de interés público.
