El abogado constitucional Joseph Maluf aseguró que los cargos presentados contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, son graves, pero no fáciles de probar en los tribunales. James enfrenta acusaciones de fraude bancario y de proporcionar información falsa para obtener un préstamo hipotecario, luego de que supuestamente alquilara una propiedad que había declarado como residencia principal para obtener un interés más bajo.

La fiscal James calificó los cargos como un “intento desesperado” de Donald Trump de usar el sistema judicial como arma política. Señaló que los señalamientos carecen de fundamento y que las declaraciones públicas del expresidente evidencian una agenda de represalias políticas en su contra.

Maluf destacó que, aunque las acusaciones son serias, probar que James cometió fraude deliberado será complicado. La fiscal, recordemos, previamente ganó una demanda civil de casi 500 millones de dólares contra Trump, aunque la sanción fue desestimada por las Cortes. Lindcy Higen, fiscal federal interina que presentó el caso ante el gran jurado, afirmó que “nadie está por encima de la ley”.

Expertos legales señalan que casos como el de James requieren pruebas contundentes que demuestren intención de engañar al banco al momento de solicitar el préstamo. Según Maluf, el hecho de que la propiedad haya sido alquilada no necesariamente constituye fraude, ya que se deben considerar los contratos, recibos y otros documentos que prueben la ocupación real de la vivienda.

Por su parte, analistas políticos advierten que este caso se enmarca en un contexto de alta polarización, donde los ataques entre figuras públicas pueden influir en la percepción pública del sistema judicial. La fiscal James ha reiterado que su gestión se ha centrado en combatir la corrupción y proteger a los ciudadanos, por lo que asegura que continuará con su trabajo sin ceder a presiones externas.

Mientras tanto, el caso ha generado debate sobre la separación de poderes y la independencia del sistema judicial en Estados Unidos. Algunos sectores consideran que las acusaciones podrían debilitar la confianza en las instituciones si no se manejan con transparencia, mientras que otros ven el proceso como una demostración de que incluso los funcionarios de alto rango están sujetos a la ley.