Un conflicto por el manejo financiero mantiene enfrentadas a la Alcaldía y al bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el municipio de Neiba, luego de que concejales denunciaran supuestas irregularidades y una deuda municipal que superaría los 30 millones de pesos.
El presidente del Consejo de Regidores, Otoniel de León Vargas, explicó que el presupuesto municipal fue recibido de manera digital el pasado 30 de diciembre y que, tras evaluarlo junto a la contralora, detectaron inconsistencias como la reducción de arbitrios, el aumento de la nómina y la no inclusión de deudas pendientes.
“Nosotros no tenemos absolutamente la más mínima mala intención de que el presupuesto no haya sido aprobado. Lo que pasa es que no han sido aclarados los puntos necesarios que exigimos, principalmente el caso de la deuda”, expresó el concejal.
Según los registros del sistema, la deuda del cabildo supera los 30 millones de pesos. Sin embargo, los regidores aseguran que tras contactar a 19 de los 105 suplidores registrados, el monto adeudado en esos casos ya supera los 20 millones de pesos.
Por su parte, el alcalde Yadel Subbí sostuvo que el monto real de la deuda ronda los 11 millones de pesos, atribuyendo la diferencia a fallas en el sistema. No obstante, la contralora municipal emitió un documento en el que reconoce compromisos financieros por más de 30 millones de pesos.
Los concejales indicaron que están dispuestos a aprobar el presupuesto municipal, siempre que se garantice transparencia y se verifiquen los datos financieros.
“Aquí hay que sentarse sobre los recursos ajenos del municipio y esclarecer hasta el último centavo”, señalaron.
Ante la situación, ciudadanos del municipio solicitaron la intervención de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para realizar una auditoría que permita determinar el origen de la deuda y posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Los munícipes también pidieron que el Consejo de Regidores y el Ejecutivo municipal lleguen a un acuerdo para resolver el conflicto y evitar que la situación continúe afectando el funcionamiento del ayuntamiento.
