La comunicadora Altagracia Salazar advirtió que recientes movimientos políticos y judiciales en la República Dominicana muestran “coincidencias” preocupantes que levantan dudas sobre los intereses que están prevaleciendo en instituciones claves del Estado.

En su comentario titulado “Gonzalo Castillo, tres coincidencias y consensos que no funcionan”, señaló que la aprobación acelerada del Código Procesal Penal (CPP), la nueva suspensión del caso Calamar y el relanzamiento político de Gonzalo Castillo conforman un panorama inquietante para la ciudadanía.

Salazar recordó que el CPP fue diseñado sobre la base de consensos técnicos entre órganos del sistema de justicia y especialistas, pero la Cámara de Diputados introdujo modificaciones que no habían sido acordadas. A esto se suma el señalamiento de legisladores —incluso del propio PLD— que consideran que los cambios otorgarían un poder excesivo al Ministerio Público. Para Salazar, esta resistencia coincide con los intereses de sectores investigados por corrupción y lavado, quienes podrían beneficiarse de plazos judiciales más cortos y definiciones ambiguas dentro del proceso penal.

El segundo hecho señalado como “coincidencia” fue la vigésima suspensión del caso Calamar, el proceso que involucra a altos exfuncionarios del pasado gobierno y el manejo irregular de más de 19 mil millones de pesos. La audiencia volvió a aplazarse por motivos de salud de uno de los imputados, acumulando un historial de retrasos que, según la analista, han debilitado la confianza en el avance de la justicia dominicana. Salazar subrayó que estos aplazamientos recurrentes terminan favoreciendo a los investigados y amplificando la percepción de impunidad.

El tercer elemento ocurrió el mismo día: el relanzamiento de la precandidatura presidencial de Gonzalo Castillo, respaldado por importantes dirigentes del PLD. Para Salazar, la simultaneidad entre los retrasos judiciales y este movimiento político crea una percepción de protección a figuras vinculadas a procesos sensibles. Aunque no afirmó que exista una coordinación directa, sí sostuvo que estas coincidencias afectan la credibilidad del sistema y alimentan sospechas en la opinión pública.

En una segunda parte de su comentario, Salazar repasó un informe alarmante sobre la situación interna del Seguro Nacional de Salud (SENASA), elaborado por la periodista Edith Febles. El reporte detalla un desorden operativo, administrativo y financiero, con irregularidades en autorizaciones médicas, ausencia de protocolos, licitaciones cuestionadas, sistemas informáticos fragmentados y un escándalo por borrado de datos que ya está bajo investigación penal. También denunció la paralización inexplicada de un proyecto que buscaba corregir el caos tecnológico dentro de la institución.

La analista concluyó mencionando otros acontecimientos relevantes del día, entre ellos la suspensión de importación de carne de cerdo desde España por un brote de peste porcina africana, el crecimiento de 4.5% en el parque empresarial dominicano, las recaudaciones de RD$66,000 millones en noviembre y la sentencia de tres millones de pesos impuesta a un menor que provocó la muerte de un agricultor mientras “calibraba” una motocicleta.