Desde el pasado lunes, seis de los ocho imputados por su vinculación con una supuesta red dedicada a la falsificación de documentos y expedición de actas de nacimiento a personas haitianas en el municipio de Nizao, provincia Peravia, cumplen medida de coerción. Entre los implicados se encuentran empleados de la Junta Central Electoral (JCE).
Aún no han sido sometidas a la justicia María del Carmen Arias Castillo, quien era la encargada de la Oficialía del Estado Civil en Nizao, y Dominga Valdez, dueña de una fundación que presuntamente falsificaba documentos oficiales para declarar niños haitianos.
Las autoridades lograron desmantelar esta operación ilegal tras recibir dos denuncias presentadas ante el Juzgado de Paz de Nizao por la directora del hospital municipal, Dominga Tavárez Álvarez. La doctora reportó la falsificación de su firma en cuatro certificaciones de nacido vivo, utilizadas para la emisión de actas de nacimiento por la Oficialía de la JCE.
En su querella, Tavárez Álvarez identificó a los principales responsables de la trama, información que fue confirmada por el Ministerio Público. La investigación reveló que empleados de la JCE, bajo la supervisión de la encargada de la Oficialía, validaban documentaciones fraudulentas presentadas por supuestos padres de los menores.
Además, la doctora denunció que Dominga Valdez, propietaria de la fundación Aneadef, dedicada a la atención de niños con discapacidad, falsificó el sello del hospital y su firma para emitir certificaciones de nacido vivo. Estos documentos eran generados y escaneados en el centro de internet Los Vegetales, propiedad del imputado Stalin Balcón, y posteriormente presentados ante la JCE para registrar a cuatro menores haitianos.
Las autoridades continúan con la investigación para determinar la magnitud del fraude y capturar a los responsables aún prófugos.
