WASHINGTON D.C.– El presidente Donald Trump cambió su postura sobre la divulgación del video del ataque a una supuesta narcolancha en el Caribe, dejando la decisión en manos del secretario de Defensa, Peter Hegseth. “Lo que Hegseth quiera hacer está bien para mí”, dijo Trump tras ser cuestionado por una reportera.
El episodio ha generado polémica, ya que se reporta que hasta cuatro ataques habrían sido perpetrados contra la misma embarcación, que transportaba a 11 personas, y algunos congresistas califican los hechos como posibles crímenes de guerra. La revelación del video había sido discutida previamente, y el presidente había dado señales contradictorias sobre su disposición a publicarlo.
Mientras tanto, legisladores amenazan con retener parte del presupuesto destinado a viajes del secretario Hegseth si no entrega un video sin editar de los ataques. La situación mantiene la presión sobre la Casa Blanca y el Pentágono, en medio de cuestionamientos sobre transparencia y responsabilidad en operaciones militares.
Expertos en política exterior advierten que la decisión de Trump de delegar la publicación del material podría intensificar la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, mientras crece la demanda de información sobre posibles violaciones de derechos humanos en operaciones militares en aguas internacionales.
Algunos analistas señalan que esta postura puede afectar la imagen del gobierno estadounidense ante aliados y organismos internacionales, al dejar en duda la rendición de cuentas en incidentes donde civiles podrían haber estado involucrados.
Por su parte, Hegseth no ha emitido comentarios sobre si hará público el video ni sobre los posibles ajustes de seguridad que podrían aplicarse antes de su divulgación, manteniendo la incertidumbre sobre cuándo y cómo se conocerán las imágenes del controvertido ataque.
La polémica se intensifica a medida que organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación presionan por la liberación completa del video, advirtiendo que ocultar información podría agravar la crisis de credibilidad del gobierno y elevar el debate sobre la ética de operaciones militares en la región.
