El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó este martes la utilización de 6,000 millones de pesos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) para cubrir el déficit financiero del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La medida busca garantizar la continuidad de los servicios médicos a los afiliados, en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas que habrían afectado las finanzas de la ARS estatal.
La decisión se adoptó tras la presentación de un informe técnico-actuarial de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), que concluyó la viabilidad del traspaso de fondos. El documento además recomendó la posible habilitación de otros 5,000 millones de pesos de Idoppril para destinarlos al régimen contributivo, con el objetivo de fortalecer la cobertura y dar estabilidad al sistema de seguridad social.
El CNSS defendió la resolución al señalar que la prioridad es garantizar la protección en salud de los más de 7 millones de afiliados de Senasa. No obstante, sectores críticos advirtieron que se trata de un “parche financiero” que no soluciona los problemas estructurales de gestión ni las denuncias de corrupción que pesan sobre la institución.
La resolución del CNSS surge en un contexto de creciente preocupación social por la sostenibilidad del sistema de salud pública. Usuarios y médicos habían denunciado retrasos en pagos a centros privados, así como limitaciones en la cobertura de medicamentos y procedimientos, lo que generó protestas y advertencias de colapso en algunos hospitales concertados con Senasa.
Desde Idoppril se aclaró que los recursos autorizados provienen de excedentes acumulados y que su uso no comprometerá las prestaciones de riesgos laborales ni las indemnizaciones a trabajadores accidentados o enfermos. Sin embargo, analistas advierten que de mantenerse esta práctica, la institución podría enfrentar dificultades futuras en el cumplimiento de sus funciones esenciales.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y sectores de oposición exigieron una auditoría independiente a Senasa para determinar las causas reales del déficit. Alegan que, sin una revisión profunda y sanciones en caso de irregularidades, el uso de fondos extraordinarios solo posterga una crisis mayor en la seguridad social dominicana.
