Las pruebas presentadas por la parte acusadora no fueron consideradas suficientes para mantener en prisión preventiva al imputado por presuntas amenazas y agresión física, según se informó en audiencia reciente. Entre los elementos aportados figuran el testimonio de la víctima, una certificación médica emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que documenta lesiones compatibles con una golpiza, así como audios grabados de una llamada telefónica en la que el señalado habría proferido intimidaciones.
De acuerdo con lo expuesto, la certificación del INACIF detallaría daños físicos sufridos por la denunciante, mientras que los audios presentados buscarían demostrar un patrón de conducta violenta. Sin embargo, el tribunal entendió que estos elementos, en la etapa procesal actual, no cumplían con los requisitos necesarios para justificar la prisión preventiva como medida de coerción, optando por una disposición menos gravosa mientras continúa el proceso judicial.
La decisión ha generado cuestionamientos sobre los estándares probatorios aplicados en casos de violencia y amenazas. Expertos en derecho señalan que la valoración de pruebas en fase preliminar suele centrarse en el riesgo de fuga y la posible obstrucción del proceso, más que en la determinación definitiva de culpabilidad. El caso seguirá su curso en los tribunales, donde se evaluará el fondo de las acusaciones con base en las evidencias presentadas.
