Una controversia surgió durante una reunión de una comisión legislativa que analizaba el proyecto de ley orgánica que busca crear un sistema integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Según versiones expuestas en espacios de análisis político, la viceministra del Ministerio de la Mujer, Sonia Díaz, fue retirada del encuentro a solicitud del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, pese a que había sido previamente invitada por la comisión senatorial encargada de estudiar la iniciativa legislativa.
La reunión era dirigida por la senadora Amarilis Santana y tenía como objetivo discutir aspectos del proyecto propuesto por el senador Félix Bautista. La ausencia de la ministra de la Mujer, Janet Camilo, quien se encontraba fuera del país, motivó que la viceministra participara en representación de la institución. Sin embargo, de acuerdo con lo relatado en el debate público, se habría solicitado que únicamente permaneciera en la reunión la titular del ministerio, lo que generó cuestionamientos sobre la decisión y sobre el procedimiento seguido durante el encuentro.
El incidente ha provocado comentarios en sectores políticos y sociales que consideran necesario garantizar la transparencia en las discusiones relacionadas con políticas públicas y legislación sobre derechos de las mujeres. Mientras algunos observadores plantean que la situación refleja tensiones institucionales en torno al proyecto de ley, otros entienden que el debate evidencia la importancia de que las instituciones involucradas participen activamente en la construcción de normativas orientadas a combatir la violencia de género en el país.
