Esta semana, un video publicado por el PRM encendió la polémica sobre la carretera San Francisco–Palmarito, denunciando que su construcción afectaba la Reserva Científica Loma Quintepuela y beneficiaba a un presunto dirigente oficialista con una casa de lujo. Sin embargo, la carretera —originalmente iniciada en tiempos de Balaguer y con tramos completados por la OISOE— solo abarca 11 kilómetros y no los 73 que denuncia el PRM. Según los lugareños, esta vía ha mejorado significativamente la movilidad de comunidades agrícolas que cultivan orégano, ñame y cacao.
Aunque el Ministerio de Medio Ambiente negó que la reserva fuera impactada, suspendió la obra por falta de permisos y prometió una evaluación. Organizaciones locales como la Fundación Quintepuela también afirmaron que el tramo vial no afecta la zona protegida. No obstante, la denuncia se intensificó al revelarse la existencia de una mansión veraniega cercana, supuestamente construida por un dirigente peledeísta, David Antonio Gabriel Taveras, quien tiene historial judicial en Puerto Rico y vínculos con el gobierno como contratista.
Taveras, cuya familia posee la propiedad desde hace años, se negó a ser entrevistado. En la zona también tienen casas otros exfuncionarios y empresarios ligados al PLD. Aunque existen elementos reales en las acusaciones —como el impacto ambiental limitado y la propiedad del dirigente—, la falta de precisión en los señalamientos y la omisión de contextos históricos debilitan la denuncia. El caso pone en evidencia cómo la lucha política puede instrumentalizar preocupaciones ambientales sin un análisis técnico serio.
