Estados Unidos – Una jueza federal emitió esta noche una orden que detiene la expansión del centro de detención conocido como “Alcatraz de los Caimanes”. Según el fallo, el lugar puede seguir operando por ahora, pero no podrá recibir más detenidos ni continuar con nuevas construcciones.
La jueza Kathleen Williams otorgó un plazo de 60 días al gobierno para desmantelar todos los generadores eléctricos, el suministro de gas y otros servicios instalados en el centro. La medida busca garantizar que el proceso judicial y las investigaciones ambientales no se vean contaminadas por la expansión de las instalaciones.
Actualmente, el centro funciona principalmente como punto de tránsito, ya que los migrantes detenidos allí son trasladados a otros recintos mientras se mantiene la operación limitada del sitio. La orden judicial se produjo tras una demanda ambiental que cuestiona la construcción en un área sensible desde el punto de vista ecológico.
El gobierno estatal ya apeló la decisión ante el circuito federal de apelaciones, argumentando que se cumplieron todas las normas legales relacionadas con la construcción y revisiones ambientales. Sin embargo, la corte determinó que no se permitirán nuevos traslados ni edificaciones hasta que se resuelva el caso.
El abogado del Departamento de Seguridad Nacional, Ángel Leal, explicó que el plazo otorgado permitirá que los migrantes actualmente en el centro sean reubicados sin afectar sus derechos, mientras se analiza la apelación presentada por las autoridades estatales y federales.
Esta decisión marca un alto significativo en la gestión de Alcatraz de los Caimanes, considerada una de las instalaciones de detención más controvertidas por su alta seguridad y condiciones para los migrantes.
Expertos en derechos humanos y organizaciones de protección ambiental han aplaudido la medida, señalando que protege tanto a los migrantes como al entorno ecológico donde se encuentra la instalación. Consideran que la orden también sienta un precedente importante sobre la supervisión judicial en centros de detención.
Mientras tanto, autoridades estatales y federales continúan evaluando alternativas para mantener la operación del centro sin violar la orden judicial, en medio de un debate sobre seguridad, derechos de los migrantes y preservación ambiental.
