Dos hombres acusados de asaltar a mano armada a dos personas murieron la noche del viernes tras enfrentarse a tiros con agentes de la Policía Nacional en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo. Los fallecidos fueron identificados como Gilberto Reyes, alias “Givo”, y otro solo conocido como “Chuky”, quienes resultaron gravemente heridos durante el tiroteo y fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Rodolfo de la Cruz Lora.

Según el informe preliminar, los sujetos asaltaron a una mujer, identificada como Michel, alias “La Chula”, despojándola de un celular, y luego al ciudadano haitiano Chanel Luigiene, a quien le sustrajeron una motocicleta. Gracias al sistema GPS instalado en el vehículo, la patrulla policial logró ubicarlos en las inmediaciones del río Matua. Al ser interceptados, los hombres habrían disparado contra los agentes con armas calibré 9 mm, resultando mortalmente heridos en el intercambio. La Policía continúa con las investigaciones del caso.

Delincuencia en RD

La delincuencia en la República Dominicana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, afectando tanto a zonas urbanas como rurales. Robos, atracos a mano armada, homicidios y violencia juvenil figuran entre los delitos más frecuentes, generando un clima de inseguridad que impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. 

Las denuncias por hechos delictivos aumentan día tras día, y muchos de estos crímenes son perpetrados en plena luz del día, lo que ha provocado una creciente desconfianza en la capacidad de las autoridades para garantizar el orden público.

A pesar de los esfuerzos del gobierno y de la Policía Nacional, que ha implementado operativos y planes estratégicos como el “Mi País Seguro”, las estadísticas continúan mostrando cifras preocupantes. Factores como el desempleo, la desigualdad social, la impunidad y la falta de oportunidades para los jóvenes han sido señalados como causas estructurales que alimentan la criminalidad. 

La ciudadanía exige medidas más efectivas y sostenidas, así como una reforma profunda del sistema judicial y policial que priorice la prevención y garantice la justicia para las víctimas.