El caso de la niña Carla Massiel sigue generando indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades dominicanas. Desde el hallazgo de restos que se atribuyen a la menor, los testimonios del imputado Darwin Trinidad Infante han revelado detalles escalofriantes: asegura que fue contratado por una suma de dinero para enterrar el cuerpo ya abierto y sin órganos. Esta versión alimenta la sospecha de que detrás del crimen existe una red dedicada a la extracción de órganos.
Lo más alarmante es la aparente falta de voluntad del Ministerio Público para profundizar en las investigaciones. Pese a que Trinidad Infante mencionó a otras personas y clínicas privadas supuestamente vinculadas, como la “clínica integrativa”, no se han producido arrestos ni interrogatorios formales contra figuras señaladas directamente. Nombres como el de la doctora Liliana, hija del propietario de una de estas clínicas, o el de la arquitecta Colón Rojas, han salido a relucir, pero la justicia no ha mostrado avances en esa línea. Esto ha generado la percepción de que existe un deliberado encubrimiento.
La opinión pública interpreta que no se trata solo de un crimen aislado, sino posiblemente del funcionamiento de una red organizada con conexiones sociales y médicas que facilitan este tipo de delitos. El silencio de las autoridades, sumado a la selectividad con la que se manejan las investigaciones, aumenta la desconfianza ciudadana. Más allá del dolor de una familia, este caso simboliza un déficit estructural en la justicia dominicana, que parece dispuesta a mirar hacia otro lado cuando los implicados podrían pertenecer a sectores de poder. La exigencia social es clara: esclarecer hasta las últimas consecuencias si Carla Massiel fue víctima de una red de tráfico de órganos y por qué aún hay presuntos responsables en libertad.
