Dos personas heridas en el tiroteo ocurrido el 26 de diciembre en el parqueo del hotel Matum de Santiago continúan enfrentando no solo las secuelas físicas del ataque, sino también un proceso judicial cargado de irregularidades y amenazas. Según denuncian, sus vehículos fueron incautados tras el incidente y, a pesar de haber ganado legalmente su devolución, las autoridades se niegan a entregárselos, retrasando el proceso con excusas inconsistentes.
Uno de los afectados, Carlos Alba Sánchez, recibió ocho disparos durante el incidente en la discoteca Tabú, y desde entonces ha sido blanco de amenazas constantes, tanto por teléfono como por correo electrónico. Su abogado asegura que la fiscalía ha ignorado las querellas formales y que incluso la documentación personal, como pasaportes y licencias, fue retenida ilegalmente durante semanas. “Estamos desesperados”, afirman los denunciantes, quienes dicen haber viajado por solo quince días y llevan ya dos meses retenidos en el país sin respuesta.
Los afectados sostienen que el Ministerio Público intenta vincular su caso con otras investigaciones sin fundamento legal, obstaculizando deliberadamente su acceso a bienes y derechos básicos. Exigen la intervención de las autoridades superiores y advierten que, de no resolverse la situación, las consecuencias podrían ser graves. La desconfianza crece entre ciudadanos que, tras sobrevivir un intento de asesinato, deben ahora enfrentar una institucionalidad que, aseguran, les da la espalda.
