SANTO DOMINGO. – Julio Martínez Pozo denunció este jueves que la gestión de la red eléctrica en el país ha sido más onerosa para los dominicanos que cualquier acto de corrupción registrado en años recientes. Durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, Pozo cuestionó la eficacia de los órganos de supervisión y denunció la falta de resultados concretos a pesar de millonarios desembolsos para la operación de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES).
Según Pozo, incluso admitiendo irregularidades en proyectos como Punta Catalina, el verdadero costo para el país no proviene de sobrevaluaciones, sino de la ineficiencia administrativa y la incapacidad de los encargados de la red eléctrica. “Han votado más dinero del que costó Punta Catalina y no han hecho absolutamente nada”, afirmó, recordando casos de fraude comprobado contra 240,000 clientes de las EDES, denunciado hace dos años y confirmado recientemente por investigaciones independientes.
También criticó la falta de consecuencias para los responsables y puso en duda la efectividad de las delaciones de admisores de responsabilidad criminal en casos de corrupción. Para Pozo, la negligencia y mala gestión administrativa supera con creces cualquier daño causado por actos de corrupción, subrayando la necesidad de voluntad política para investigar y sancionar efectivamente a los responsables dentro del sector eléctrico.
Pozo destacó además que la manipulación mediática y los comunicados oficiales del Ministerio Público han contribuido a confundir a la ciudadanía sobre los casos de corrupción y las responsabilidades reales de los implicados. Señaló como ejemplo la inclusión errónea del empresario Maxim Montilla en comunicados vinculándolo al caso Antipulpo, cuando en realidad fue excluido desde el inicio de la querella. Según Pozo, este tipo de desinformación afecta la credibilidad de las instituciones y diluye la percepción de justicia entre la población.
Sostuvo que la colaboración de imputados en expedientes judiciales ha servido muy poco o nada para avanzar en la sanción de la corrupción. Explicó que muchos de los acuerdos presentados como “logros” del Ministerio Público no impactan realmente los casos ni han resultado en sanciones efectivas contra los responsables. En su opinión, la impunidad persiste porque la justicia no ha actuado con la firmeza necesaria.
Finalmente, Pozo hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a exigir transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos. Insistió en que mientras no exista voluntad política para sancionar la incompetencia y los abusos dentro del sector eléctrico, los ciudadanos seguirán pagando un precio mucho mayor que cualquier acto de corrupción aislado, afectando tanto la economía como la confianza en las instituciones del Estado.
