Santo Domingo, RD — El comunicador Fernando Ramírez condenó este jueves como “descarado” a un diputado del oficialismo por haber reemplazado el empaque original de las fundas del Plan Social de la Presidencia con una funda que lleva su propia fotografía, en lo que calificó como una práctica de clientelismo y aprovechamiento de la necesidad de la gente.

Ramírez dijo que el hecho constituye “un abuso de una magnitud extraordinaria” y una burla a los ciudadanos que reciben la ayuda. “Él no está ayudando, se está ayudando a sí mismo. Está haciendo su campaña con la miseria del pueblo”, afirmó durante su espacio radial, donde mostró su molestia por la costumbre de exhibir las entregas con cámaras, luces y poses para alimentar la imagen pública del funcionario.

El comunicador también pidió revisar los listados y los mecanismos de entrega: “Cada vez que se entregan 500, 2,000 o 4,000 fundas debe existir un formulario, un registro y responsabilidad. Revísenlo, que se sabe quién firmó que lo recibió”, exigió Ramírez, quien instó al director del nuevo organismo unificado de asistencia mencionó a Edgar Félix Méndez como responsable del proceso en algunas provincias a auditar las entregas y evitar la manipulación partidaria.

Ramírez recordó que las ayudas del Estado deben mantenerse como asistencia pública, no como material publicitario de campañas personales. Denunció además que prácticas similares se repiten y son toleradas: “Aquí ese tipo de cosas son permitidas y hasta aplaudidas”, dijo, alertando sobre la impunidad que incentiva la repetición del clientelismo en futuras jornadas de ayuda.

El comunicador reclamó también a la población mayor control en las urnas y un uso político menos explícito de los programas sociales: “Aprendan a defenderse en la urna, voten en defensa propia”, señaló, mientras criticaba el uso de la crisis por parte de algunos dirigentes para sacar rédito político.

Hasta el cierre de esta nota no se había identificado públicamente al diputado señalado por Ramírez ni había habido una respuesta oficial del organismo que administra las ayudas. La acusación agrega presión para que las autoridades competentes aclaren los procedimientos de entrega y sancionen si corresponde el aprovechamiento político de los recursos destinados a la población más vulnerable.