Washington D. C. – En una decisión inesperada, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó el sábado suspender la deportación de un grupo de presuntos pandilleros venezolanos que el Gobierno de Trump intentaba expulsar bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros. La medida llega tras una solicitud presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que argumentó que estos detenidos no habían tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente en un tribunal.

El caso comenzó cuando unos 30 hombres detenidos en el centro de detención Blue Bonnet, en Texas, fueron informados de que serían deportados por estar vinculados con la banda criminal “Tren de Aragua”. Según la ACLU, estos individuos no recibieron el debido proceso legal para impugnar las acusaciones y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que históricamente se ha utilizado solo en tiempos de guerra. Esta ley, aprobada en 1798, permite la expulsión de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional.

El incidente se agudizó cuando, según informes, algunos de los detenidos fueron subidos a autobuses para ser enviados a centros de detención en El Salvador, sin que se les permitiera presentar su caso en corte. A pesar de esta situación, la Corte Suprema emitió una orden suspendiendo el proceso de deportación, permitiendo que los detenidos tengan la oportunidad de presentar argumentos en su defensa antes de ser expulsados del país.

“Nos sentimos aliviados de que la Corte Suprema haya detenido la expulsión, ya que estos hombres corrían el riesgo de pasar el resto de sus vidas en prisiones extranjeras sin haber tenido el derecho a un juicio justo”, expresó Lee Gerland, abogado principal de la ACLU, en un comunicado. La organización también subrayó que, el mes pasado, alrededor de 130 venezolanos fueron deportados sin el debido proceso, lo que ha generado protestas por parte de sus familias y organizaciones de derechos humanos.

El Gobierno de Trump respondió rápidamente a la decisión, pidiendo a la Corte que desestimara la solicitud de la ACLU, argumentando que la petición fue presentada de forma prematura y que los detenidos tendrían tiempo suficiente para presentar peticiones de habeas corpus. D. John Sauer, procurador general, insistió en que el Gobierno no deportará a nadie mientras existan demandas pendientes en el sistema judicial.

La controversia sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros y la deportación de los venezolanos ha puesto de relieve las tensiones entre las autoridades migratorias de EE. UU. y los defensores de los derechos civiles, que afirman que el proceso está siendo utilizado de manera abusiva para despojar a los individuos de su derecho a un juicio justo.

La Corte Suprema aún no ha emitido una decisión final sobre el caso, pero la suspensión temporal de las deportaciones da una pausa en medio de un debate legal y ético sobre el trato de los inmigrantes bajo el Gobierno de Trump.