Santo Domingo.– Representantes del sector empresarial sometieron una propuesta que busca modificar 14 puntos del Código Laboral, la cual será presentada por escrito ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley. La iniciativa pretende reestructurar varios artículos de la Ley 16-92, que rige el Código de Trabajo, aunque desde el Congreso han dejado claro que no permitirán modificaciones que vulneren derechos adquiridos de los trabajadores, especialmente en lo relativo a la cesantía.

Entre los principales cambios planteados por los empresarios figura que la cesantía sea calculada en base a un sueldo promedio, que la liquidación pueda ser entregada hasta tres meses después del desahucio en tres partidas, y que el período de prueba de los empleados sea extendido de tres a seis meses. Estas propuestas ya habrían sido rechazadas en su mayoría en el Senado antes de que la pieza legislativa fuera sancionada en segunda lectura.

Tras el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el próximo miércoles se convocará al sector sindical para socializar la propuesta del empresariado. Mientras tanto, legisladores de distintas bancadas manifestaron su rechazo a cualquier intento de modificar las conquistas laborales, advirtiendo que solo serían tomados en cuenta aquellos puntos que hayan sido previamente consensuados en el marco del diálogo tripartito.

Diputados como Mélido Mercedes Castillo reiteraron su oposición a tocar la cesantía y cualquier otro derecho que afecte los intereses de los trabajadores, postura que también ha sido respaldada por la Fuerza del Pueblo, organización que mantiene su apoyo a la versión original del proyecto depositado en el Congreso Nacional. El proceso de discusión continuará en los próximos días, en medio de un debate que mantiene en expectativa a empleadores, trabajadores y a toda la sociedad dominicana.

Se espera que en los próximos días la comisión especial de la Cámara de Diputados defina una posición más clara frente a las propuestas del sector empresarial, tomando en cuenta los aportes de los sindicatos, juristas y expertos en materia laboral. Este proceso podría marcar un punto clave en la modernización del Código Laboral, siempre que se logre un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la necesidad de actualización del marco legal que rige las relaciones laborales en el país.