Varios de los principales casos de corrupción que involucran a exfuncionarios civiles y militares del pasado gobierno avanzan hacia sus etapas finales en los tribunales, en lo que marcaría un hito dentro de los primeros procesos impulsados por el Ministerio Público desde la llegada al poder del presidente Luis Abinader.
Uno de los expedientes más avanzados es el caso Coral/Coral 5G, en el que el órgano persecutor volvió a señalar al general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), como el presunto cabecilla de una red que habría sustraído más de 4,500 millones de pesos de las arcas del Estado.
Según la acusación, Cáceres, junto a otros imputados como Rafael Núñez, no ha podido justificar el crecimiento de su patrimonio, cuyos estados financieros fueron descritos por el Ministerio Público como “agresivos” y carentes de respaldo legal. La Procuraduría sostiene que los préstamos adquiridos por los implicados no guardan relación con los activos presentados, ni justifican el nivel de enriquecimiento detectado.
El Ministerio Público tiene plazo hasta el 27 de enero para concluir sus alegatos y solicitar al Primer Tribunal Colegiado condenas contra 30 personas y 18 empresas acusadas de estafar al Estado dominicano en este entramado.
En tanto, el caso Medusa, que involucra al exprocurador general Jean Alain Rodríguez, continuará el próximo 28 de enero ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El expediente incluye más de 40 personas y 22 empresas acusadas de un presunto desfalco de 41,000 millones de pesos durante el período 2016-2020, cuando Rodríguez dirigía la Procuraduría General de la República.
Por otro lado, el caso Calamar, que involucra a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, se encuentra en la fase final de la etapa preliminar. En estos momentos, el proceso avanza con la exposición de las defensas técnicas de Guerrero y Peralta, como parte del cierre de esta etapa procesal.
Con la conclusión de estos tres casos emblemáticos, la Procuraduría General de la República se encaminaría a cerrar los primeros grandes procesos por corrupción sometidos desde el inicio de la actual administración, reforzando el discurso oficial de lucha contra la impunidad y el uso indebido de los fondos públicos.
