El comunicador Manuel Cruz denunció este miércoles lo que considera una violación directa a la libertad de expresión con la reciente aprobación del nuevo Código Penal, específicamente por la inclusión del controvertido artículo 310. Durante su intervención, Cruz comparó el escenario actual con la distopía descrita en la novela 1984 de George Orwell, asegurando que el Congreso ha creado su propio “Ministerio de la Verdad” para regular la crítica ciudadana a los funcionarios públicos.
Cruz advirtió que el artículo en cuestión criminaliza los llamados “ultrajes”, al penalizar expresiones, gestos o imágenes que puedan considerarse ofensivas para un servidor público, incluso si se realizan en un entorno privado. “Eso es una ignominia, propio de un estado policial”, afirmó. Argumentó que este tipo de redacción vaga y amplia abre las puertas a la censura y al silenciamiento de voces críticas, lo que contraviene la Constitución dominicana y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Recordó que disposiciones similares ya fueron declaradas inconstitucionales en el pasado, como ocurrió con la ley de partidos políticos. Asimismo, citó sentencias del Tribunal Constitucional (TC/0075/16 y TC/0092/19) y jurisprudencias de otros países como Colombia, que defienden el derecho de los ciudadanos a fiscalizar y cuestionar el ejercicio de sus representantes públicos. Finalmente, hizo un llamado a los sectores sociales y jurídicos a someter ese artículo a una acción directa de inconstitucionalidad si no es retirado del nuevo Código.
Manuel Cruz también destacó que el artículo 310 contradice el principio de legalidad al ser tan ambiguo que deja amplio margen para interpretaciones arbitrarias, lo que podría usarse para perseguir penalmente a quienes expresen críticas legítimas hacia funcionarios públicos. “No es posible que se pretenda criminalizar la opinión política y la fiscalización ciudadana, derechos fundamentales en cualquier democracia”, enfatizó.
Asimismo, alertó que esta norma pone en riesgo la vigilancia ciudadana sobre los servidores públicos, quienes, recordó, no solo son representantes elegidos por voto popular sino también funcionarios financiados con recursos públicos. “Los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de cuestionar y denunciar cuando estos funcionarios no cumplen con sus responsabilidades, y esto no puede ser motivo de censura ni castigo penal”, concluyó.
